Según comunica FEGADI, la subida de un 22,3% del salario mínimo interprofesional (SMI) y la próxima publicación en el BOE del XV Convenio de atención a personas con discapacidad, que también recoge una subida salarial cercana al 20%, en ambos casos de aplicación a nivel nacional y a partir del 1 de enero de 2019, suponen un lastre terrible para la viabilidad económica de las entidades que gestionan centros de atención a las personas con discapacidad, la mayoría sin ánimo de lucro y “un peligro inminente para la calidad de vida de miles de usuarios con discapacidad”.
En algunas comunidades autónomas, como Andalucía, en las que el precio que paga el gobierno de la Junta de Andalucía por cada plaza concertada en estos centros, es inferior a los gastos que genera, supone entrar en una gestión abocada al fracaso por la inviabilidad económica que supone incrementar los gastos como consecuencia de la subida salarial aprobada por el Ejecutivo. La situación ha sido calificada por el colectivo como “muy grave” peligrando la prestación de servicios y la puesta en funcionamiento de la nueva residencia de personas gravemente afectadas, Emiliano Mancheño de Espera. Unas instalaciones pensadas para convertirse en referencia en el tratamiento de las personas con discapacidad en la comarca de la Sierra.
