Los hechos incluyeron agresiones, amenazas e insultos de una usuaria a una médica y una celadora en tres ocasiones
El Tribunal de Instancia de Jerez, Sección de lo Penal número 3, ha condenado a una mujer como autora de un delito de atentado contra personal sanitario, un delito leve de maltrato de obra, un delito menos grave de amenazas y un delito leve de amenazas por unos hechos ocurridos en el consultorio de Prado del Rey entre los meses de enero y mayo de 2019.
La sentencia recoge como hechos probados que el 23 de enero de 2019 una médica del consultorio salió a la sala de espera tras escuchar un gran vocerío para solicitar silencio a los usuarios presentes. En ese momento, la condenada y otra persona la agarraron por el brazo y la zarandearon mientras proferían insultos y amenazas. Durante el incidente, una celadora que intentó intervenir para separar a los agresores fue igualmente objeto de insultos y amenazas.
Asimismo, la resolución judicial señala que el 2 de mayo de ese mismo año se produjo un nuevo episodio en el que volvieron a amenazar a la facultativa, llegando incluso a perseguirla e intimidarla. Posteriormente, el 9 de mayo, la ahora condenada volvió a amenazar tanto a la médica como a la celadora en la propia sala de vistas del juzgado de Ubrique.
Por estos hechos, la acusada ha sido condenada a seis meses de prisión por el delito de atentado y otros seis meses de prisión por el delito menos grave de amenazas, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. Además, se le impone la prohibición de aproximarse a las perjudicadas a menos de 200 metros de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar en el que se encuentren, así como la prohibición de comunicarse con ellas por cualquier medio durante un año.
Igualmente, la sentencia establece penas de multa por los delitos leves de maltrato de obra y amenazas, además de indemnizaciones de 200 euros para cada una de las perjudicadas, el pago de los intereses legales y las costas procesales. La resolución acuerda también la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad durante dos años, condicionada al cumplimiento de los requisitos legales establecidos.
La Delegación Territorial de Salud y Consumo y el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, han mostrado su satisfacción por esta sentencia condenatoria, subrayando que las agresiones físicas y verbales a profesionales sanitarios tienen consecuencias penales y reiterando su firme compromiso de tolerancia cero frente a cualquier tipo de violencia en el ámbito sanitario.
